Recomendaciones para una América Latina segura del PNUD (3)

Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas

mas afectadas por la violencia y el delito

Líneas de acción

Desarrollar políticas públicas que permitan atender de forma prioritaria las zonas de mayor afectación por la violencia y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas respuestas deben tener como propósito principal reducir la violencia, evitar su reproducción y optimizar el uso de los recursos del Estado.

Recomendaciones

Se debe fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito. Dicho despliegue debe ir acompañado de programas sociales y del trabajo cercano con las comunidades. Para los delitos de mayor impacto- homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones deben impulsarse respuestas intersectoriales que involucran a las policías, ministerios públicos y demás instancias competentes.

2.1 Atender las zonas más críticas y los delitos de mayor gravedad a partir de respuestas de contención inmediatas.

• Fortalecer la presencia policial en las zonas críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito.
• Acompañar el despliegue policial con programas socialesque cuenten con la participación activa de las comunidades.
• Optimizar el trabajo de prevención y respuesta al delito, generando diagnósticos que recojan las demandas y prioridades vecinales.
• Fomentar la articulación institucional para la intervención en las zonas críticas, involucrando a las administraciones locales, a los distintos sectores del gobierno (como educación, salud, trabajo y desarrollo) y a la ciudadanía.

2.2. Optimizar las respuestas de prevención y control del delito a través de una mejor gestión de la información.

• Promover el uso de información georeferencial sobre el delito y la violencia para una utilización y distribución estratégica de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.
• Mejorar los sistemas de información estadística diversificando los instrumentos utilizados para recolectar información y conciliando las bases de datos que manejan las distintas instituciones del Estado.
• Mejorar o fortalecer los sistemas de información sobre violencia contra las mujeres a nivel nacional y asegurar su articulación con los mecanismos de coordinación interinstitucional de los planes y políticas en la materia.
• Generar información estadística desagregada por género edad, grupo étnico y contexto socioeconómico, que permita focalizar las respuestas del Estado para garantizar la seguridad de grupos en situación de vulnerabilidad.

2.3 Generar sanciones y respuestas con criterios de proporcionalidad que permitan disuadir efectivamente la comisión de los delitos que más afectan a los ciudadanos.

• Definir los mecanismos y los ejes para la persecución y la sanción del delito en forma proporcional a su gravedad.
• Dar prioridad a los delitos que atenten contra la vida y la libertad de las personas y contener las amenazas que afectan su cotidianidad.
• Impulsar respuestas intersectoriales (policía, ministerio, público y demás instancias competentes) para la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto (homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones).
• Diseñar las operaciones de forma selectiva, con base en el comportamiento de las organizaciones criminales y su grado de afectación a la ciudadanía.
• Generar sistemas de alerta temprana, basados en metodologías claras que permitan detectar el riesgo de una escalada de violencia.

2.4.- Desarrollar una respuesta especializada e integral ante las espirales de violencia asociadas con la presencia de la delincuencia organizada.

• Instrumentar programas integrales para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo (redes de corrupción, impunidad y lavado de activos).
• Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales para prevenir, detectar y sancionar las operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas.
• Desarrollar programas de protección a testigos de delitos cometidos por organizaciones criminales.
• Centrar las intervenciones en los eslabones mas rentables de la cadena de valor de las economías criminales (traficantes y distribuidores).