Curso sobre ingeniería de Seguridad pública

Inicia la inscripción de alumnos para el curso virtual de introducción a la Ingeniería de Seguridad Pública, dictado desde el Observatorio de Seguridad  Pública, los interesados inscribirse por correo electrónico a insepu2014@gmail.com , debido al convenio celebrado con los administradores del aula virtual disponemos de vacantes limitadas. Del total de cursos que disponemos, un porcentaje de los alumnos podrán solicitar becas del 50% y del 25% del valor del curso.

Las causas de los homicidios en la Prov. de Buenos Aires

En el Estudio realizado por la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires sobre los homicidios dolosos ocurridos durante el primer semestre de 2013, se cuenta con un importante instrumento de análisis ya que los homicidios son delitos, que por su naturaleza, son denunciados casi en su totalidad. Esta información tiene carácter censual y no muestral (se realiza todo todo el universo de casos) por ello sus resultados son por demás interesantes.

El total de homicidios en el semestre fue de 722, distribuidos territorialmente entre el conurbano bonaerense, los grandes centros urbanos y el interior. Se observa que los homicidios ocurren mayoritariamente en el conurbano

En primer lugar es interesante analizar el que lugar ocurren los homicidios, destacando a la vía pública como el lugar donde ocurren mayoritariamente los homicidios. Es interesante el dato sobre la cantidad de de homicidios que ocurren en la cárcel, siendo este superior al que ocurre en ocasión de espectáculos deportivos.

Las causas de los homicidios tienen mayor dispersión en sus causas, siendo los conflictos interpersonales la mayor causa con el 36% ( 3 homicidios cada 2 días), siguiéndole el homicidio en ocasión de robo con el 19% (3 homicidios cada 4 días), por violencia inter familiar el 9% (1 homicidio cada 3 días), casi los mismo que pos ajustes de cuentas (el trabajo no distingue es que ámbito se da el ajuste de cuentas), un homicidio cada 6 días es cometido por un agente de las fuerzas de seguridad, un homicidio cada 4 días se comete al repeler un delito o en legítima defensa, y lo mas extraño es que 3 casi homicidios que se cometen cada 2 días no tienen determinada su causa, aunque se lo califique de homicidio doloso.

El instrumento mas utilizado en los homicidios, son las armas de fuego (3 de cada 5 homicidios) aunque no distingue entre armas de puño y otras armas de fuego.

Las franjas horarias en las que se cometen en forma mas frecuente los homicidios son las comprendidas entre las 20 y las 24, y entre las 0 y 6 horas, bien difiere un poco según el ámbito geográfico.

El análisis de edades de las víctimas muestra que los hombres son mayoría en relación 9 a 1 respecto de las mujeres. Las edades de las víctimas muestra que la mayoría se encuentra en el rango de 15 a 29 años y entre 30 y 44 años, estos rangos abarcan 7 de cada 10 casos.

La labor de investigación de los homicidios puede evaluarse según las cantidad de homicidios con imputados, verificándose que 9 de cada 10 homicidios son esclarecidos, ya que se cuenta con imputados, restaría saber que eficiencia tiene la investigación en función de las condenas obtenidas.

Podemos concluir diciendo que estos datos nos brindan elementos de análisis para iniciar una investigación mas profunda sobre este tipo de delito.

Recomendaciones para una América Latina segura del PNUD (3)

Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas

mas afectadas por la violencia y el delito

Líneas de acción

Desarrollar políticas públicas que permitan atender de forma prioritaria las zonas de mayor afectación por la violencia y proteger a los grupos en situación de vulnerabilidad. Estas respuestas deben tener como propósito principal reducir la violencia, evitar su reproducción y optimizar el uso de los recursos del Estado.

Recomendaciones

Se debe fortalecer la presencia policial en las zonas más críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito. Dicho despliegue debe ir acompañado de programas sociales y del trabajo cercano con las comunidades. Para los delitos de mayor impacto- homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones deben impulsarse respuestas intersectoriales que involucran a las policías, ministerios públicos y demás instancias competentes.

2.1 Atender las zonas más críticas y los delitos de mayor gravedad a partir de respuestas de contención inmediatas.

• Fortalecer la presencia policial en las zonas críticas a partir del conocimiento previo de la concentración territorial de la violencia y el delito.
• Acompañar el despliegue policial con programas socialesque cuenten con la participación activa de las comunidades.
• Optimizar el trabajo de prevención y respuesta al delito, generando diagnósticos que recojan las demandas y prioridades vecinales.
• Fomentar la articulación institucional para la intervención en las zonas críticas, involucrando a las administraciones locales, a los distintos sectores del gobierno (como educación, salud, trabajo y desarrollo) y a la ciudadanía.

2.2. Optimizar las respuestas de prevención y control del delito a través de una mejor gestión de la información.

• Promover el uso de información georeferencial sobre el delito y la violencia para una utilización y distribución estratégica de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.
• Mejorar los sistemas de información estadística diversificando los instrumentos utilizados para recolectar información y conciliando las bases de datos que manejan las distintas instituciones del Estado.
• Mejorar o fortalecer los sistemas de información sobre violencia contra las mujeres a nivel nacional y asegurar su articulación con los mecanismos de coordinación interinstitucional de los planes y políticas en la materia.
• Generar información estadística desagregada por género edad, grupo étnico y contexto socioeconómico, que permita focalizar las respuestas del Estado para garantizar la seguridad de grupos en situación de vulnerabilidad.

2.3 Generar sanciones y respuestas con criterios de proporcionalidad que permitan disuadir efectivamente la comisión de los delitos que más afectan a los ciudadanos.

• Definir los mecanismos y los ejes para la persecución y la sanción del delito en forma proporcional a su gravedad.
• Dar prioridad a los delitos que atenten contra la vida y la libertad de las personas y contener las amenazas que afectan su cotidianidad.
• Impulsar respuestas intersectoriales (policía, ministerio, público y demás instancias competentes) para la investigación y persecución de los delitos de mayor impacto (homicidios, secuestro, extorsión, trata de personas, explotación sexual y desapariciones).
• Diseñar las operaciones de forma selectiva, con base en el comportamiento de las organizaciones criminales y su grado de afectación a la ciudadanía.
• Generar sistemas de alerta temprana, basados en metodologías claras que permitan detectar el riesgo de una escalada de violencia.

2.4.- Desarrollar una respuesta especializada e integral ante las espirales de violencia asociadas con la presencia de la delincuencia organizada.

• Instrumentar programas integrales para el desmantelamiento de las organizaciones criminales y sus redes de apoyo (redes de corrupción, impunidad y lavado de activos).
• Fortalecer los mecanismos nacionales e internacionales para prevenir, detectar y sancionar las operaciones de lavado de activos provenientes de actividades delictivas.
• Desarrollar programas de protección a testigos de delitos cometidos por organizaciones criminales.
• Centrar las intervenciones en los eslabones mas rentables de la cadena de valor de las economías criminales (traficantes y distribuidores).

Inicia su actividad el Observatorio Regional de la Seguridad Pública

Quedó conformado el Observatorio Regional de Seguridad Pública, cuya misión es contribuir a la difusión de la disciplina Ingeniería de Seguridad Pública mediante la realización de diagnósticos y auditorias de Seguridad Pública. Las mismas se realizarán en forma gratuita para Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Vecinales, Sociedades de Fomento o agrupaciones vecinales. Esta es una forma de mostrar como la Ingeniería de Seguridad Pública puede contribuir a mejora la seguridad de la gente.

  

Recomendaciones para una América Latina segura del PNUD (2)

Esta parte de las recomendaciones del PNUD representa una conjunto necesario, quizás no suficiente para iniciar un proyecto de acción política sobre inseguridad.

Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia,

con base en las experiencias y lecciones aprendidas

Líneas de acción

Aprovechar cabalmente las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales a nivel local, estatal y nacional que buscan contribuir a la seguridad. Evitar la duplicidad y contraposición de esfuerzos en torno a la seguridad ciudadana, a partir del diálogo y la alineación de estrategias con objetivos comunes.

Recomendaciones

1,1.- Establecer en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, apoyado en consensos nacionales y con la participación de la sociedad civil.

• Convocar a todos los componentes del gobierno así como a representantes de la sociedad civil, para definir de manera conjunta un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana para una estrategia de seguridad ciudadana, con indicadores y mecanismos de seguimiento.
• Definir los papeles, las responsabilidades y los pasos a seguir en torno a este Acuerdo Nacional, para alinear los esfuerzos públicos y privados hacia objetivos comunes.
• Hacer viable un acuerdo nacional mediante un solido sustento político y financiero.
• Nombrar a una institución dotada de capacidad política, financiera y técnica para coordinar dicho esfuerzo.
• Asegurarse que exista información sistemática y accesible respecto de las acciones que llevan a cabo los distintos ministerios y organismos a cargo de las tareas de seguridad.
• Hacer públicos y transparentes los resultados de la ejecución del Acuerdo Nacional de manera periódica, y contar desde el comienzo con una metodología de seguimiento y de evaluación independiente de su impacto

1.2.- Profesionalizar la gestión en seguridad ciudadana, creando capacidad profesional, especialmente para quienes asumen tareas de dirección y ejecución de políticas en el ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.

• Fomentar la colaboración entre el poder ejecutivo y el congreso para fortalecer y mejorar el diseño institucional del sector de seguridad.
• Crear por ley y asegurar en la práctica una carrera funcionaria para el personal profesional estable en el área de seguridad, especialmente para quienes asumen funciones de dirección
• y ejecución de políticas en el Ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.
• Asegurar que los presupuestos y la asignación de recursos sean congruentes con la magnitud del reto que representa la inseguridad.
• Fortalecer la formación de funcionarios civiles que tienen un papel relevante en los ministerios y organismos rectores de las políticas de seguridad. Invertir en becas de estudio de postgrado o en la creación de academias de estudios superiores para la formación especializada de funcionarios civiles con capacidad de gestión y dirección sobre organismos de seguridad.
• Capacitar al personal municipal en gestión de políticas de seguridad, realizando cursos sobre diseño, gestión y evaluación de proyectos que los habiliten para postular a fondos nacionales y crear bancos de datos sobre proyectos locales en ejecución, que faciliten su conocimiento para su aprovechamiento en iniciativas a realizar en otros municipios.

1.3.- Establecer mecanismos para coordinar las acciones de los partidos políticos y las instituciones en todos los sectores del gobierno.

• Dotar a la institución rectora en materia de seguridad ciudadana de atribuciones para coordinar las acciones de las instituciones que, desde su ámbito específico, realizan programas relacionados con la seguridad de las personas.
• Poner en funcionamiento mecanismos adecuados de gestión inter gubernamental, que permitan la acción coordinada entre los distintos órdenes de gobierno: central, regional o estatal y local.
• Clarificar el ámbito de acción y las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales en el campo de la seguridad, y fortalecer el papel que puedan desempeñar los municipios,
• mejorando las capacidades de gestión.

Análisis de la reforma al código penal (3): De las propuestas que se recibieron

IV.- Informe sobre las sugerencias recibidas en la Dirección Nacional de Política Criminal (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación) para la Reforma y Actualización del Código Penal

Se recibieron y clasificaron en la Dirección Nacional, un total de trescientos setenta y seis correos electrónicos con sugerencias y opiniones efectuadas por parte de profesionales del derecho, de organizaciones de la sociedad civil y de la comunidad en general en su gran mayoría, respecto de la reforma del Código Penal de la Nación, a través del canal de participación abierto en el portal Infojus del Ministerio (www.infojus.gov.ar).

Al respecto se advierte que algunos de los aportes recibidos contienen más de una sugerencia, motivo por el cual su total asciende a la cifra de cuatrocientos sesenta y tres, los cuales fueron agrupados por tema, a fin de facilitar su tratamiento por la Comisión para la Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación.

Reproducimos los datos sobre los mails recibidos con propuestas y opiniones

AUMENTO DE PENAS	129
REDUCCIÓN DE PENAS	12
MENORES	37
TIPIFICACIÓN DE NUEVOS DELITOS	30
DEROGACIÓN DE LEYES	16
ABORTO	11
ESTUPEFACIENTES	9
OTRAS PROPUESTAS EN GENERAL	46
obligatoriedad de trabajo y/o educación en cárceles	14
otorgamiento de la suspensión del juicio a prueba a funcionarios públicos	9
QUE LOS padres de menores que delincan ESTÉN obligados a cumplir la condena que les hubiere correspondido a sus hijos	7
expulsión de extranjeros	5
Total Propuestas	325
Opiniones	100
Mail con errores no catalogados	38
Total de mail recibidos	463

El detalle sobre las propuestas de aumentos de penas es el siguiente

AUMENTO Y ENDURECIMIENTO DE LAS PENAS EN GENERAL. PENAS MÁS SEVERAS Y EFECTIVAS	43
AUMENTO DE PENAS PARA EL MALTRATO ANIMAL	16
AUMENTO DE PENAS PARA FUNCIONARIOS PÚBLICOS	14
PENA DE MUERTE	11
AUMENTO DE PENAS PARA EL HOMICIDIO	7
AUMENTO DE PENAS PARA ACCIDENTE DE TRÁNSITO	7
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL	6
PENA DE CASTRACIÓN PARA DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL	4
AUMENTO DE PENAS PARA EL ROBO	3
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS “CONTRA EL ESTADO”	3
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS COMETIDOS CON USO DE DROGAS Y/O ALCOHOL	3
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS COMETIDOS CON ARMAS DE FUEGO	3
AUMENTO DE PENAS PARA EL HURTO	1
AUMENTO DE PENAS PARA LA USURA	1
AUMENTO DE PENAS PARA LA VIOLACIÓN DE DOMICILIO	1
AUMENTO DE PENAS PARA EL COHECHO	1
AUMENTO DE PENAS PARA EL PREVARICATO	1
AUMENTO DE PENAS PARA DELITOS COMETIDOS CONTRA FUNCIONARIOS PÚBLICOS	1
AUMENTO DE PENAS PARA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES	1
AUMENTO DE PENAS PARA EL INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR	1
AUMENTO DE PENAS PARA LA FALSIFICACIÓN DE MARCAS Y VIOLACIÓN DERECHOS INTELECTUALES	1

El detalle sobre reducción de penas es

REDUCCIÓN DE PENAS MÍNIMAS	2
REDUCCIÓN DE PENAS DEL ABORTO	2
REDUCCIÓN DE PENAS DEL HURTO	2
REDUCCIÓN DE PENAS DE “DELITOS LEVES”	2
REDUCCIÓN DE PENA MÁXIMA TOTAL	1
REDUCCIÓN DE PENAS PARA EL ABIGEATO	1
REDUCCIÓN DE PENAS PARA EL ATENTADO Y LA RESISTENCIA A LA AUTORIDAD	1
REDUCCIÓN DE PENAS PARA EL ROBO	1

Resulta evidente de la información que se adjunta al proyecto, cual era el espíritu de de las opiniones recibidas, las cuales evidentemente no fueron tenidas en cuenta

Recomendaciones para una América Latina segura del PNUD (2)

El PNUD en su Informe Regional de Desarrollo Humano 2013-2014. Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina, propone un grupo de 10 medidas contra las amenazas a la seguridad pública, examinaremos el primer punto:

Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia,

con base en las experiencias y lecciones aprendidas

Líneas de acción

Aprovechar cabalmente las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales a nivel local, estatal y nacional que buscan contribuir a la seguridad. Evitar la duplicidad y contraposición de esfuerzos en torno a la seguridad ciudadana, a partir del diálogo y la alineación de estrategias con objetivos comunes

Recomendaciones

1. Establecer en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, apoyado en consensos nacionales y con la participación de la sociedad civil.

2. Profesionalizar la gestión en seguridad ciudadana, creando capacidad profesional, especialmente para quienes asumen tareas de dirección y ejecución de políticas en el ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.

3. Establecer mecanismos para coordinar las acciones de los partidos políticos y las instituciones en todos los sectores del representantes de la sociedad civil, para definir de manera gobierno.

Análisis de la reforma al código penal (2): De la culpabilidad

En el Artículo 1 inciso b) se define la culpabilidad con las siguientes consideraciones

:

En la primera parte se consagra una fórmula que se halla en varios códigos vigentes, aunque dada su expresión amplia, se hace menester precisarla con la segunda parte, pues el concepto de culpabilidad también se ha manipulado gravemente en la doctrina, lo que requiere que de alguna manera quede claro que se maneja la idea normativa general y asentada sobre el reproche por la conducta del hecho y no por otra cosa.

Se excluye expresamente el reproche de personalidad, o sea, el derecho penal de autor, que es la vieja idea de buscar al enemigo (o al traidor a cualquier ente supraindividual), reafirmando el carácter personal del derecho penal argentino, emergente de la Constitución Nacional. El reproche penal debe concretarse al hecho: se reprocha por el ilícito cometido y no por la persona del infractor.

El reproche por la persona fue manipulado en las versiones más autoritarias del siglo pasado como un instrumente limitativo de la completa arbitrariedad de los jueces en un derecho que previamente había desconocido la legalidad, pero en el derecho penal de un estado de derecho, que se basa en la limitación del poder punitivo en función de la legalidad, sería una forma de burlarla.

Se deja claro que no será posible juzgar reemplazando a la culpabilidad por la peligrosidad. Las tristes experiencias que nos dejó el siglo pasado con un concepto policial de peligrosidad, de raíz biologista y racista, y el rechazo de éste incluso en la jurisprudencia internacional regional, impone su expresa exclusión. El único peligro a tener en cuenta siempre lo es de la conducta realizada, que se concreta en la lesión o en la puesta en peligro del bien jurídico, según la jerarquía de éste y la magnitud de la afectación efectiva producida por el hecho.

En nuestro Código vigente, la peligrosidad aparece injertada en el artículo 41 (como cuña de extraña madera, se ha dicho), pues la economía total del texto de Moreno no respondía al positivismo imperante en su tiempo, sino que arrancaba de los códigos liberales de fines del siglo XIX (el italiano de Zanardelli, el holandés de Modermann, el de Hungría, el de Bélgica) traídos al proceso legislativo con el proyecto de 1891, que lo contradecía con la incorporación de la ley francesa de relegación.

Con esta exclusión de la mentada peligrosidad, se recupera la línea que siempre ha mantenido nuestra legislación penal desde sus orígenes, prescindiendo de un concepto perturbador y genealógicamente incompatible con la Constitución Nacional, injertado en las concepciones racistas de hace más de un siglo. Del mismo modo, la precisión conceptual impedirá que se disfrace el concepto de culpabilidad por cualquier razón de Estado encubierta con fines u objetivos preventivos.

Por último, las otras circunstancias análogamente incompatibles con la dignidad y autonomía de la persona abarcan cualquier otra tentativa de distorsionar el concepto de culpabilidad para configurar alguno que cumpla la misma función de la peligrosidad, como ha sido el reproche por la conducción de la vida y otros análogos.

Se apela a un enunciado general, porque en este momento no podemos imaginar todas las retorcidas especulaciones intelectuales que en un futuro —cercano o lejano— puedan tratar de pervertir a la culpabilidad para convertirla en peligrosidad, en razón de Estado, en necesidades políticas coyunturales o en defensa social. Los caminos del autoritarismo son inimaginables.

Al separar el delito del autor del delito, se plantea que este surge como hecho atemporal y aséptico, a partir de lo cual solo debería establecerse una relación entre el hecho y el autor, en forma independiente de la persona que lo comete, esto sustenta la eliminación de la reincidencia como parte de las circunstancias que confluyen al hecho y que guardan estrecha relación con este. Tomar el delito como hecho aislado de su contexto y su historia, quizás busque una categorización teórica que no guarda relación con las teorías humanistas que han regido la conducta de los argentinos. Esta concepción del derecho positivo busca romper toda visión consuetudinaria del derecho, algo que el propio Juan Bautista Alberdi se reprochó en su “Peregrinación de Luz de Día”.