sábado, 10 de mayo de 2014

Recomendaciones para una América Latina segura del PNUD (2)



Esta parte de las recomendaciones del PNUD representa una conjunto necesario, quizás no suficiente para iniciar un proyecto de acción política sobre inseguridad.

Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia,
con base en las experiencias y lecciones aprendidas

Líneas de acción

Aprovechar cabalmente las iniciativas gubernamentales y no gubernamentales a nivel local, estatal y nacional que buscan contribuir a la seguridad. Evitar la duplicidad y contraposición de esfuerzos en torno a la seguridad ciudadana, a partir del diálogo y la alineación de estrategias con objetivos comunes.


Recomendaciones

1,1.- Establecer en cada país un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana como política de Estado, apoyado en consensos nacionales y con la participación de la sociedad civil.

  • Convocar a todos los componentes del gobierno así como a representantes de la sociedad civil, para definir de manera conjunta un Acuerdo Nacional por la Seguridad Ciudadana para una estrategia de seguridad ciudadana, con indicadores y mecanismos de seguimiento.
  • Definir los papeles, las responsabilidades y los pasos a seguir en torno a este Acuerdo Nacional, para alinear los esfuerzos públicos y privados hacia objetivos comunes.
  • Hacer viable un acuerdo nacional mediante un solido sustento político y financiero.
  • Nombrar a una institución dotada de capacidad política, financiera y técnica para coordinar dicho esfuerzo.
  • Asegurarse que exista información sistemática y accesible respecto de las acciones que llevan a cabo los distintos ministerios y organismos a cargo de las tareas de seguridad.
  • Hacer públicos y transparentes los resultados de la ejecución del Acuerdo Nacional de manera periódica, y contar desde el comienzo con una metodología de seguimiento y de evaluación independiente de su impacto



1.2.- Profesionalizar la gestión en seguridad ciudadana, creando capacidad profesional, especialmente para quienes asumen tareas de dirección y ejecución de políticas en el ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.

  • Fomentar la colaboración entre el poder ejecutivo y el congreso para fortalecer y mejorar el diseño institucional del sector de seguridad.
  • Crear por ley y asegurar en la práctica una carrera funcionaria para el personal profesional estable en el área de seguridad, especialmente para quienes asumen funciones de dirección
  • y ejecución de políticas en el Ámbito del gobierno central y de los gobiernos locales.
  • Asegurar que los presupuestos y la asignación de recursos sean congruentes con la magnitud del reto que representa la inseguridad.
  • Fortalecer la formación de funcionarios civiles que tienen un papel relevante en los ministerios y organismos rectores de las políticas de seguridad. Invertir en becas de estudio de postgrado o en la creación de academias de estudios superiores para la formación especializada de funcionarios civiles con capacidad de gestión y dirección sobre organismos de seguridad.
  • Capacitar al personal municipal en gestión de políticas de seguridad, realizando cursos sobre diseño, gestión y evaluación de proyectos que los habiliten para postular a fondos nacionales y crear bancos de datos sobre proyectos locales en ejecución, que faciliten su conocimiento para su aprovechamiento en iniciativas a realizar en otros municipios.

1.3.- Establecer mecanismos para coordinar las acciones de los partidos políticos y las instituciones en todos los sectores del gobierno.

  • Dotar a la institución rectora en materia de seguridad ciudadana de atribuciones para coordinar las acciones de las instituciones que, desde su ámbito específico, realizan programas relacionados con la seguridad de las personas.
  • Poner en funcionamiento mecanismos adecuados de gestión inter gubernamental, que permitan la acción coordinada entre los distintos órdenes de gobierno: central, regional o estatal y local.
  • Clarificar el ámbito de acción y las responsabilidades de los gobiernos estatales y municipales en el campo de la seguridad, y fortalecer el papel que puedan desempeñar los municipios,
  • mejorando las capacidades de gestión.


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